• El personal interino en fraude de ley de la DGA exige al presidente Javier Lambán que les escuche y cumpla la Ley

    A pesar de la intensa lluvia, delegados del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) se han concentrado esta mañana (día 3 de noviembre) en la entrada de la Aljafería de Zaragoza, coincidiendo con el inicio en las Cortes del debate sobre el Estado de la Comunidad. STEPA denuncia que el presidente aragonés Javier Lambán se niega a recibirles y su Gobierno está incumpliendo sistemáticamente toda la normativa nacional y europea que ampara al personal interino en fraude de ley (con más de tres años acumulando contratos temporales).

    El sindicato aragonés ha protestado por “la falta de transparencia y la gestión deficiente en materia de personal del Gobierno de Aragón, que está derivando en ceses ilegales, amortizaciones y delegación de funciones propias de la administración en empresas fantasma, generando un servicio deficiente y aumentando la precariedad laboral, afectando a más de la mitad de la plantilla”.

    Aragón mantiene un 48,6% de temporalidad entre sus 58.000 trabajadores públicos, según los últimos datos oficiales del Ejecutivo (diciembre 2021), aunque todo indica que durante 2022 ese porcentaje se ha incrementado todavía más, superando ya el 50 %, según STEPA. El sindicato reitera que de los 28.000 temporales “oficiales en 2021”, más de 17.000 se encuentran en fraude de ley. Demandan su fijeza cumpliendo los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/21 aprobada por el Gobierno central. Sin embargo, la DGA sólo ha anunciado una oferta derivada de esta Ley de 2.552 plazas, de ellas 1.219 por el procedimiento habitual de concurso-oposición y 1.333 solo por concurso (sin examen).

    STEPA quiere poner de manifiesto el incumplimiento “flagrante” de la Ley 20/21 y demanda al  Gobierno cuatripartito que explique cómo va a afrontar el incremento de presupuesto que supondrán los ceses masivos del temporal en abuso”. Solicita «transparencia en la actividad de la Función Pública del Gobierno de Aragón y que se cumpla la Ley 20/21 incorporando a la oferta de estabilización todos los puestos que cumplan con ella”.