EL SINDICATO STEPA DENUNCIA QUE EL GOBIERNO DE ARAGÓN NO ACATA LA SENTENCIA DE LA UE CONTRA EL ABUSO DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL EN LA ADMINISTRACIÓN

por | 4 junio, 2020

Nota de prensa

EL SINDICATO STEPA DENUNCIA QUE EL GOBIERNO DE ARAGÓN NO ACATA LA SENTENCIA DE LA UE CONTRA EL ABUSO DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL EN LA ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Función Pública mantiene las convocatorias de empleo público para este año sin tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que exige acabar con el abuso en la contratación temporal estableciendo medidas de compensación como hacer fijos a los interinos

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón acusa a los responsables autonómicos de ignorar o querer desobedecer el fallo europeo sobre cuándo hay abuso en la contratación y las posibles soluciones

STEPA defiende la conversión en fijos de los contratos en fraude de ley como solución óptima, una propuesta que el Partido Aragonés ha llevado al Senado y sobre la que este jueves responderá la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias

(Miércoles, 3 de junio de 2020). El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha mostrado su estupor ante el anuncio del Gobierno de Aragón de que se van a convocar nuevas plazas de funcionarios vulnerando claramente la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga tanto a acabar con el fraude de ley de la contratación temporal en las Administraciones Públicas como a compensar a los interinos víctimas de esta situación.

El director general de Función Pública y Calidad de los Servicios del Gobierno de Aragón, Esteban del Ruste, anunció este lunes en las Cortes que el Gobierno autonómico publicará este mes de junio en el Boletín Oficial de Aragón todas las convocatorias de procesos de estabilización de empleo de este año, sin incluir de esta manera ninguna de las medidas que exige el Tribunal Europeo. El responsable de la DGA se pronunció sobre esta cuestión tras la intervención de la diputada de Podemos, Marta Prades. Esta formación denunció que existe abuso en la contratación temporal por ocupar plazas estructurales y ordinarias con interinos y afeó al director general que publicara la convocatoria de oposiciones en el BOA a un día de conocer la citada sentencia. Prades pidió que, ya que están paralizados los procesos administrativos, antes de reactivarlos, se haga un buen planteamiento de la calidad de los servicios públicos, con la conveniencia de estabilizar el empleo y acabar con el empleo precario en la Administración.

Llama igualmente la atención que el director general dijera en las ¨Cortes de Aragón que para aplicar la sentencia del TJUE “los ámbitos nacionales deberán determinar si es suficiente con hacer una convocatoria, si hay que indemnizar al personal o hay que hacerlo indefinido no fijo, veremos en cada caso”. Para STEPA, “está tergiversando el fallo judicial y decide derivar la responsabilidad al Estado. La culpa siempre la tienen otros, o son los sindicatos que apoyan una medida discriminatoria de anteponer temporales frente a fijos para hacer frente a la pandemia o es el Estado el que tiene que aclarar la aplicación de la Directiva Europea tras la sentencia del 19 de marzo. Y mientras sigue con la apisonadora sacando convocatorias en Aragón”.

El sindicato recuerda que el 19 de marzo el Tribunal de Justicia de la UE sentenció definitivamente que las Administraciones Públicas en España no cumplen con la Directiva de 1999 para defender el empleo estable, y que constituye un fraude de ley ocupar con interinos plazas estructurales, que no obedezcan a necesidades temporales, que deberían estar ocupadas por funcionarios fijos, por lo que los contratantes deben ser sancionados y además compensarse el abuso.

Según los cálculos más conservadores, esta sentencia afecta a 300.000 trabajadores públicos en toda España y a unos 25.000 empleados de la Comunidad de Aragón y sus organismos públicos, casi la mitad de la plantilla. El Gobierno de Aragón publicó la convocatoria de oposiciones para este año el día antes de conocerse la sentencia europea, y tras la paralización administrativa durante el estado de alarma pretende ahora mantener las mismas bases, sin aprovechar para hacer lo que ahora es un obligado replanteamiento que acabe con el empleo precario, aduciendo que habrá que estudiar cada caso por separado.

STEPA señala que “los responsables autonómicos pretenden ignorar que la sentencia europea aclara perfectamente que todo el personal dedicado a cubrir necesidades permanentes bajo un contrato temporal se encuentra en situación de abuso y de seguir adelante estas convocatorias les aboca a la demanda judicial como única fórmula para que se reconozca su situación ilegal y sea reparada su situación, lo que supondría un notable perjuicio para los afectados, pero también para la Comunidad Autónoma y el conjunto de Aragón”.

EL PAR LLEVA AL SENADO LAS DEMANDAS DE STEPA

STEPA subraya también que el director general incidió en su ignorancia o menoscabo de la Ley cuando en su citada intervención señaló que incluso cuando se dictamine un abuso de la contratación podrían ser soluciones como indemnizaciones por despido improcedente o la conversión en indefinidos no fijos, medidas que no contempla la legislación española o que la propia sentencia rechaza.

Por ello, desde STEPA y ámbitos especializados se defiende como la solución idónea la transformación en fijos de los contratos en fraude de ley, ya que suma ventajas como el nulo coste para las arcas públicas o la efectividad que supone para las administraciones mantener un amplio conjunto de trabajadores experimentados y que han mostrado su buen hacer durante años y en especial durante la crisis sanitaria.

Esta propuesta específica va a debatirse por primera vez a nivel nacional por iniciativa del Partido Aragonés (PAR), que tras reunirse con STEPA y estudiar sus reivindicaciones, ha presentado una pregunta parlamentaria y una moción en el Senado.

Así, mañana jueves, 4 de junio, el Gobierno de España tendrá que dar la primera explicación pública sobre sus planes para cumplir con la Justicia europea. Será en la Comisión de Función Pública, donde el senador aragonesista Clemente Sánchez-Garnica ha presentado una pregunta para que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, explique cuándo se van a iniciar “los trámites normativos para transponer al ordenamiento Jurídico Español la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, y, en su consecuencia, promover una verdadera consolidación administrativa de los empleados públicos temporales en fraude de ley”.

De la misma manera, los representantes de todos los partidos políticos en la Comisión de Función Pública podrán exponer su posición en una moción que incide en este mismo problema y por la que se insta al Gobierno de España a iniciar “las acciones normativas que sean necesarias, incluso legislativas, para promover una verdadera consolidación administrativa de los empleados públicos temporales en fraude de ley, mediante su conversión automática en personal indefinido, o tras la convocatoria de un concurso extraordinario de méritos restringido, o mediante unos procesos ordenados y restringidos”.

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