3.500 INTERINOS EN ABUSO DE TEMPORALIDAD

por | 20/05/2022

Nota de prensa

STEPA ESTIMA QUE EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ARAGÓN SE DEBEN ESTABILIZAR SIN OPOSICIÓN 3.500 INTERINOS EN ABUSO DE TEMPORALIDAD.

Según los cálculos del sindicato aragonés, 4.000 plazas del total de 11.000 de la plantilla de la Administración General autonómica están ocupadas por personal en fraude de ley. Las otras 500 se ofertarían mediante un  concurso-oposición extraordinario

Con Sanidad, Educación y otras áreas, serían más de 17.000 los trabajadores afectados. Sin embargo, el sindicato aragonés denuncia “el oscurantismo total” del Ejecutivo de Javier Lambán, que “está haciendo trampas en las cuentas” y “despidiendo ilegalmente” a temporales, mientras hay un 8% de plazas vacantes sin cubrir, por lo que “en la Administración aragonesa cabemos todos”, afirman

STEPA ha protestado con una cacerolada alrededor del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, mientras se celebraba el último Consejo de Gobierno programado antes del 31 de mayo, fecha límite para aprobar la convocatoria extraordinaria de consolidación de plazas a la que obliga la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad en el empleo público

(Miércoles, 18 de mayo de 2022).- El sindicato STEPA ha protestado esta mañana con una cacerolada que ha rodeado el Edificio Pignatelli el incumplimiento por el Ejecutivo de Javier Lambán de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.La cacerolada se ha realizado durante la celebración del Consejo de Gobierno de Aragón, el último previsto antes del 31 de mayo, final del plazo legal para aprobar los procesos extraordinarios de estabilización para el personal en abuso de temporalidad, para denunciar el “oscurantismo total” en el proceso, ya que a menos de dos semanas, “no se ha facilitado ni un solo borrador ni un solo dato del número de plazas que se van a ofertar”, que STEPA estima en unas 4.000 en la Administración general.

STEPA subraya que su único objetivo es que se cumpla con la ley, que establece que las plazas en todas las Administraciones que atienden necesidades estructurales y llevan más de tres años ocupadas por funcionarios temporales deben ofrecerse en un proceso excepcional de estabilización, incluso las de oposiciones anteriores no resueltas. La Ley fija dos procedimientos para acceder a una plaza fija: quienes lleven más de seis años en su puesto, por concurso de méritos y entre tres y seis por un concurso-oposición no eliminatorio. Sin embargo, el Gobierno de Aragón está incumpliendo sistemáticamente esta norma: ha convocado oposiciones, echado a la calle a cientos de interinos y sigue sin publicar las plazas que se ofrecerán en la convocatoria extraordinaria.

Según las estimaciones de STEPA, a partir de la última Relación de Puestos de Trabajo, en la Administración General autonómica hay 11.924 plazas, de las están ocupadas 10.995 y de las que 4.529, el 41% corresponden a personal temporal. De este último número unos 4.000 trabajadores cumplen las condiciones para ver estabilizada su plaza. Entre 3.000 y 3.500 plazas (sobre el 82% de las víctimas del abuso)  deberían ofrecerse en el concurso excepcional de méritos y el resto por concurso-oposición.

Porcentajes similares se dan en Sanidad y Educación, con convocatorias propias, por lo que el número total de temporales en abuso en toda la DGA se calcula en 17.000 (el 30% sobre un total de 58.000 trabajadores). Sin embargo, estos Departamentos ya han publicado sus ofertas y se ha comprobado que el Gobierno de Lambán está “haciendo trampas” ya que apenas van a este sistema el 10% de las plazas ocupadas por temporales. En Educación, el sindicato STEA ya ha reclamado formalmente la reapertura de una negociación real, porque no se facilitaron datos para hacer aportaciones a las propuestas del consejero.

UN 8% DE VACANTES SIN CUBRIR

STEPA recalca que a la vez se sigue despidiendo a temporales con décadas de servicio, a la vez en Administración General hay un 8% de plazas vacantes sin cubrir, un total de 928, por lo que “no se extrañen los ciudadanos si hay servicios en los que no les pueden atender en condiciones”. De esta manera, señala que “en la Administración aragonesa cabemos todos”, y respetar los derechos a la estabilización de los temporales que llevan años en abuso, no quita posibilidades de nuevos ingresos.

El sindicato subraya que no es creíble que la DGA afirme que está todavía preparando la relación de puestos de trabajo que se sacarán a estabilización, que el presidente Lambán prometió hace más de un año y que se  puede obtener fácilmente de datos como los sexenios de los empleados. Esta ocultación de datos y falta de transparencia es una de las razones por las que Aragón es “la comunidad que peor está tratando al personal en fraude de ley”.

Ante esta situación, STEPA continuará sus movilizaciones hasta la fecha límite del 31 mayo, con nuevas acciones de protesta y reclamaciones a los responsables políticos en  defensa de los derechos del personal público temporal.

LOS INCUMPLIMIENTOS DE ARAGÓN

La Ley 20/2021 estableció las convocatorias extraordinarias de estabilización como medio para cumplir con la Directiva Europea 1999/70/CE y la exigencia de reducir la temporalidad a un máximo del 8%, condición impuesta para acceder a las ayudas europeas.

STEPA recuerda que el 31 de mayo acaba el plazo legal “y la DGA ni siquiera ha dado a conocer el mapeo de plazas que el presidente Javier Lambán se comprometió a realizar hace un año”. Además, “entretanto, siguen los despidos masivos de temporales que ya han dejado en la calle, sin indemnización a cientos de interinos, sobre todo mujeres mayores de 50 años”. En lugar de cumplir la norma, el Gobierno aragonés ha acelerado convocatorias, concursos de traslados y cualquier otro sistema, buscando que no quede ninguna plaza para los concursos extraordinarios”.

Así se está están despojando de sus derechos a los 17.000 los interinos en abuso de temporalidad (sobre una plantilla de 58.000 trabajadores), que esperan ahora saber qué va a pasar con sus puestos. El Consejo de Gobierno debe aprobar la relación definitiva antes de que acabe el mes, sin embargo hasta el momento solo se ha informado de las que corresponden a Sanidad y Educación, “que apenas suponen el 10% de las que deberían ofrecerse”.

En el caso del Departamento de Educación, se han anunciado algo menos de 800 plazas entre los dos sistemas; sin embargo hay actualmente másde 7.000 puestos ocupados por personal interino, que suponen el 43% de la plantilla. Similares son las cifras aprobadas en la Mesa Sectorial de Sanidad, que prevé la conversión en fijas de 746 plazas, cuando el número de empleados temporales supera incluso a los fijos y sobre un total de 28.000 son temporales más del 53%.

Frente a este empecinamiento en obviar el mandato de las Cortes Generales, STEPA ha señalado el ejemplo de otras administraciones, como la la Generalitat de Cataluña o la Diputación Provincial de Sevilla, que han dejado sin efecto o modificado las ofertas de empleo que ya tenían aprobadas para extraer las que la Ley fija para los concursos extraordinarios; en el caso de Cataluña, más de 50.000 plazas. En Aragón, la Universidad de Zaragoza, sí ha identificado los puestos que cumplen con la Ley 20/21y ha publicado de manera transparente qué plazas están afectadas y se llevan al concurso extraordinario. También el Ayuntamiento de Huesca ha sacado todas las plazas según la Ley y ahora se están negociando las bases del concurso.

STEPA ha recogido todos estos datos y argumentos jurídicos en un escrito dirigido al Justicia de Aragón, al que solicita amparo, reclamando que las Cortes aragonesas “legislen la activación de controles de legalidad para la aplicación de la Ley 20/2021, de tal manera que no se cese ningún empleado público temporal que se encuentre ocupando puestos de trabajo con anterioridad al 1 de enero de 2016 en cualquier administración pública autonómica, local o provincial de la Comunidad Autónoma de Aragón”.

Para STEPA, “es evidente que no se cumple la Ley y tampoco se va a lograr cumplir con el objetivo marcado de reducir la temporalidad en la administración aragonesa por debajo del 8%, por la falta de voluntad política del Gobierno de Aragón y demás instituciones”.

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